El Caucus indígena reunido en la Ciudad de Ginebra el 25 al 28 de noviembre de 2018, en el  marco del Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, con  representación de diversos pueblos indígenas del mundo, pudimos constatar que se mantiene  el incumplimiento por parte de los estados con los principios básicos del derecho  internacional, como la autodeterminación, el respeto al ejercicio del gobierno propio, el  cumplimiento del derecho fundamental de la consulta y el consentimiento libre previo e  informado, el respeto a los territorios ancestrales en que vivimos las comunidades, el derecho  de nuestras propias formas de desarrollo económico social y cultural, a proteger nuestras luchas reivindicativas por mejores condiciones de vida digna.  

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Fue evidente, además, que las empresas contando con la desidia y la indiferencia de los  órganos estatales, llamados a garantizar los derechos, siguen violando los derechos  fundamentales a la consulta y al consentimiento previo libre e informado. 

En este caucus Indígena, rendimos homenaje a todos los líderes y lideresas de nuestros  pueblos, que vienen siendo sistemáticamente criminalizados, amenazados y perseguidos,  incluso asesinados, como consecuencia de la defensa que hacen de sus territorios, del derecho  al ejercicio del gobierno propio en un contexto de imposición de proyectos extractivos,  energéticos y agroindustria. 

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Por estos y muchos motivos, el Caucus Indígena, hemos acordado las siguientes exigencias que: 

Los estados a. cumplan con sus obligaciones de reconocer el estatus de los pueblos indígenas de todo  el mundo que viven en sus territorios y que garanticen y apliquen el marco normativo  internacional, incluyendo los derechos reconocidos en el Convenio N.° 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, como el derecho a la auto determinación; a sus tierras, territorios y recursos naturales; a sus culturas y creencias espirituales; a su gobierno propio y sus derecho  consuetudinario, sus propias formas, prácticas y protocolos para implementar la consulta y el consentimiento libre previo e informado; b. fomenten la participación plena de los pueblos en todas las etapas de diseño,  realización, validación y verificación de las evaluaciones de impacto sobre los  derechos humanos. Estas evaluaciones deben tomar en cuenta los derechos  económicos, sociales, ambientales y culturales de los pueblos indígenas; c. atiendan especialmente las dimensiones de proyectos macrorregionales de  infraestructura y sus impactos cumulativos e irreversibles sobre los derechos humanos  de los pueblos indígenas en países múltiples; d. garanticen que las empresas respeten los derechos de los pueblos indígenas, incluido  en su debida diligencia, y que los estados aborden plenamente las preocupaciones de  los Pueblos Indígenas cuando desarrollen e implementen Planes de Acción  Nacionales, esto implica el:

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• fortalecimiento de los mecanismos judiciales y administrativos, incluso  mediante la formación de jueces y los y las encargados de elaborar políticas  sobre los derechos de los pueblos indígenas; 

• seguimiento e implementación efectivos de las recomendaciones de los puntos  de contacto nacionales (PCN) de la OCDE y otros mecanismos de reclamos,  incluidas las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Empresas y  Derechos Humanos; 

• establecimiento de mecanismos de reparación para las violaciones que ocurren  tanto dentro de las fronteras estatales como para las violaciones cometidas extraterritorialmente por corporaciones registradas en sus jurisdicciones. 

Las empresas, incluyendo a los inversionistas privados, de toda la cadena de suministro  

a. respeten los derechos de los Pueblos Indígenas, sean o no reconocidos oficialmente b. asuman sus responsabilidades y implementen en una forma coherente procesos rigurosos, transparentes y efectivos de debida diligencia en materia de derechos  humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, incluyendo los derechos  territoriales, culturales y de autogobierno y consentimiento, libre, previo y  informado. 

Las instituciones financieras internacionales, bancos nacionales y multilaterales 

a través de sus salvaguardas socio-ambientales, exijan a las empresas el cumplimiento  íntegro de los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos y los estándares  mínimos consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de  los Pueblos Indígenas antes de financiar proyectos susceptibles de afectar territorios  ancestrales y durante su implementación. 

 

Todos los actores mencionados con intereses que quedan afectar los territorios ancestrales 

a. protejan y respeten los derechos de las mujeres indígenas y prevengan los impactos de  las actividades empresariales, al ser ellas las que garantizan la continuidad de nuestros  pueblos y su mayor vulnerabilidad.  

b. absténganse de implementar proyectos en zonas de conflicto que ponen en riesgo a la  pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas y la integridad de sus territorios c. absténganse de implementar proyectos que afecten a los pueblos en contacto inicial y  aislamiento voluntario. 

d. adopten políticas de cero tolerancia para actas de violencia, militarización,  criminalización y etiquetando como terroristas, amenazas y señalamiento de  comunidades indígenas y defensores y defensoras de derechos humanos 

Finalmente, exigimos que las Naciones Unidass, incluyendo el Grupo de Trabajo sobre  Empresas y Derechos Humanos que visibilicen y fomenten las recomendaciones aquí  incluidas en todo los espacios de su accionar y con todos los actores, y que, aseguren y  amplíen los espacios de participación de los pueblos indígenas en el Foro.

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No podemos hablar de paz si estamos violentando a la madre tierra, la mujer, la dadora de  vida. Declaramos desde el corazón de nuestros territorios que continuaremos en su defensa  porque nuestra pervivencia es la de la misma humanidad.