2i) “Garantizar que las medidas que se adopten para prevenir el cultivo ilícito y erradicar las plantas utilizadas para la producción de estupefacientes y sustancias sicotrópicas respeten los derechos humanos fundamentales, tengan debidamente en cuenta los usos lícitos tradicionales, cuando existan datos históricos sobre tales usos, y la protección del medio ambiente, de conformidad con los tres tratados de fiscalización internacional de drogas, y tengan en cuenta también, según proceda y de conformidad con la legislación nacional, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.

Resolución S-30/1 de la Asamblea General, abril de 2016.

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